El gobierno municipal de Celaya determinó requerir la devolución de vehículos y personal de seguridad asignados al exalcalde Javier Mendoza Márquez. Se indicó que ya venció el plazo legal para que entregara dos camionetas, una de ellas blindada, y un equipo de escoltas. El argumento es que estos recursos se prestaron para su seguridad personal durante un año al término de su mandato. Se recordó que su administración concluyó el 9 de octubre de 2024. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana se señaló que el tiempo legal ya terminó y que la devolución no se ha concretado.
El caso toca un punto sensible, el uso de recursos públicos después de dejar el cargo. Los municipios suelen tener reglas sobre protección temporal por riesgo, pero esas reglas deben aplicarse con precisión. Si el plazo está vencido, mantener escoltas y unidades pagadas por el municipio se vuelve indefendible ante la ciudadanía. Además, en una ciudad con demandas fuertes en materia de seguridad, cada unidad y cada elemento cuentan. Por eso, el requerimiento busca cerrar un episodio que genera desgaste político y percepción de privilegio.
La discusión no debería quedarse en el señalamiento, sino en la transparencia del procedimiento. ¿Qué dictamen otorgó el apoyo, qué fecha de inicio, qué fecha de cierre, qué actas de entrega? Esos datos, al hacerse públicos, reducen especulación y elevan credibilidad institucional. También obliga a mejorar controles para que no se repita con futuras administraciones.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
