Este 27 de noviembre continúan los bloqueos en carreteras, aduanas y accesos a varias ciudades de México por parte de transportistas y productores del campo, que ya suman varios días de protestas. Los cierres afectan al menos a decenas de tramos en más de 20 estados, con impacto en el flujo de mercancías, pasajeros y servicios básicos. El movimiento exige seguridad en carreteras y precios justos para sus cosechas, en especial para el maíz, en un contexto de alza de costos e inseguridad en rutas clave.
Ayer volvió a fracasar una reunión entre la Secretaría de Gobernación y representantes del movimiento, sin acuerdos de fondo sobre precios ni mecanismos de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno seguirá dialogando, pero advirtió que “no se puede prometer lo que no se puede cumplir”, mientras organizaciones campesinas denuncian ofertas limitadas y presiones para desistir de los bloqueos. Voceros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señalan que el subsidio propuesto sigue muy por debajo del nivel que necesitan para cubrir sus costos.
Desde una mirada de soberanía alimentaria y justicia social, los colectivos rurales sostienen que las carreteras no se bloquean por gusto, sino porque sienten que la institucionalidad no los escucha. Advierten que si el campo se quiebra, no solo se pierden empleos, también se debilita la capacidad del país para producir sus propios alimentos y se fortalece la dependencia de importaciones. Para organizaciones de derechos humanos, la respuesta del Estado debería combinar diálogo real, combate a la corrupción en cadenas agroalimentarias y protección efectiva a quienes producen y transportan comida para todo México.
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Fuente: Medios nacionales, organizaciones campesinas y declaraciones oficiales
