Guanajuato cerró 2025 con apenas cuatro centros de rehabilitación certificados. Antes se reportaban siete, e incluso llegaron a contarse nueve por un periodo. La caída se atribuye a falta de supervisión federal para ratificación. Los centros certificados cumplían con una norma oficial de salud para adicciones. La incertidumbre quedó instalada, sin fecha clara para recuperar distintivos.
Directivos de centros señalaron que esperan nueva agenda de visitas. Aseguraron que la atención interna no se detuvo por el trámite. Sin embargo, la certificación no es un adorno, es un filtro básico. Cuando se pierde, sube el riesgo de prácticas irregulares. Y en adicciones, cualquier abuso se paga caro en salud y derechos.
El tema también se conecta con seguridad pública. Sin tratamiento confiable, se rompe una parte del círculo de prevención. Familias buscan ayuda y pueden caer en lugares sin estándares. Eso abre espacio a negocio opaco y maltrato. El Estado debe vigilar, pero también facilitar rutas claras de cumplimiento. Urge coordinación real entre niveles de gobierno. Sistemas digitales de seguimiento pueden ordenar inspecciones y alertas. También hace falta transparencia, lista pública y criterios claros. El objetivo es atender adicciones con dignidad y eficacia, no con improvisación.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
