La discusión sobre desapariciones en Guanajuato volvió a escalar este sábado por la diferencia entre los datos difundidos por una organización civil y la respuesta de la Fiscalía estatal. Mientras un reporte externo habló de un aumento de 53 por ciento entre 2024 y 2025, la autoridad sostuvo que el crecimiento real fue de 28 por ciento con base en el registro nacional oficial. La discrepancia no es un detalle estadístico menor, porque detrás de cada porcentaje hay expedientes, familias y rutas de búsqueda. También exhibe un problema recurrente en México: la dificultad para construir una narrativa pública confiable cuando las bases de datos no coinciden. En temas de desaparición, la calidad del registro no es burocracia, sino parte de la respuesta institucional. La Fiscalía afirmó que sus cifras parten estrictamente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y que, según ese corte, en 2024 hubo 517 casos frente a 662 en 2025. Con ello, el aumento sería de 145 personas y no de la magnitud señalada por el informe crítico. Al mismo tiempo, el gobierno estatal defendió que el fenómeno se ha estabilizado desde mediados de 2025 y destacó que Guanajuato se ubica entre las entidades con más personas localizadas. También informó sobre refuerzos de personal, más acciones simultáneas de búsqueda y compra de drones, equipo táctico, vehículos y maquinaria. La postura oficial, en síntesis, busca matizar la alarma sin negar que el problema persiste.
Del otro lado, las organizaciones civiles insisten en que la dimensión de la crisis no puede suavizarse con criterios de presentación de datos. Cuando las bases no dialogan entre sí o cambian según la fuente consultada, las familias perciben opacidad y el debate se enrarece. Esa tensión también revela que el desafío no es solo encontrar personas, sino transparentar metodologías y homologar criterios de conteo. Una política de búsqueda seria necesita registros consistentes, auditorías permanentes y comunicación pública sin ambigüedades. En un estado donde la violencia y las desapariciones pesan en la vida cotidiana, la discusión sobre cifras es inseparable de la discusión sobre confianza institucional.
Las herramientas tecnológicas anunciadas por la autoridad pueden ayudar, pero solo si se integran a un modelo de búsqueda profesional, abierto al escrutinio y respetuoso de los derechos de las familias. Drones, equipos de inspección y más personal son relevantes, aunque insuficientes si no hay bases de datos interoperables y tiempos de reacción consistentes. Lo que está en juego no es una competencia de porcentajes, sino la credibilidad del esfuerzo estatal frente a una herida que sigue abierta. Guanajuato necesita menos batalla narrativa y más certeza verificable para las víctimas. Hasta que eso ocurra, cualquier cifra será observada con desconfianza por una sociedad que exige verdad y resultados.
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Fuente: Agencias y Redacción
