La realización de una cumbre sobre masculinidades en Jalisco abrió una nueva discusión nacional sobre el uso de recursos públicos, los mensajes institucionales y la política de igualdad. El evento siguió adelante pese a cuestionamientos de organizaciones civiles y al ruido que provocó la aparición inicial de logos gubernamentales entre sus patrocinadores. Las críticas aumentaron porque la reunión fue presentada como un congreso de gran escala y con cobro de entradas, lo que llevó a preguntar si un foro privado debía recibir respaldo oficial. La polémica no quedó solo en la organización del evento, sino en el tipo de ideas que se busca impulsar desde espacios con cercanía al poder. En un país atravesado por altos niveles de violencia contra las mujeres, el tema tocó una fibra especialmente sensible. De acuerdo con los reportes difundidos en torno al caso, un comité local habría aprobado un apoyo de 400 mil pesos para gastos vinculados con ponentes, hospedaje y promoción. Más tarde, las autoridades cuyos emblemas aparecían en la lista de patrocinadores negaron que estuvieran financiando la actividad. Ese cambio alimentó la sospecha pública y dio pie a exigencias de transparencia sobre quién autorizó, gestionó o promovió el respaldo inicial. La controversia también creció por la presencia anunciada de figuras mediáticas y por el enfoque ideológico del encuentro. Así, lo que pudo ser un foro de debate quedó convertido en un caso político sobre prioridades presupuestales y rendición de cuentas.
El cuestionamiento principal de colectivos y activistas no es solo administrativo, sino de contexto social. Jalisco figura entre las entidades con mayores preocupaciones por violencia de género, y la discusión pública gira en torno a qué tipo de políticas merecen apoyo cuando persisten feminicidios, agresiones y llamadas de emergencia por violencia doméstica. Desde esa óptica, canalizar recursos o respaldo institucional a una cumbre privada resulta difícil de justificar. También se discutió la compatibilidad entre la promoción oficial del evento y el carácter laico del Estado, debido a que el congreso fue asociado con ideales católicos. El episodio volvió a mostrar cómo la agenda de género sigue siendo un campo de disputa política y cultural en México.
Más allá del caso puntual, el debate deja una lección para los gobiernos locales y federales. Cualquier política pública sobre masculinidades, convivencia o prevención de violencia necesita metodologías claras, objetivos verificables y absoluta transparencia en el uso del dinero público. Si se pretende trabajar con hombres y jóvenes para reducir conductas violentas, la ruta más sólida pasa por programas basados en evidencia y no por espectáculos de alto perfil. También conviene recordar que la prevención efectiva requiere escuchar a especialistas, víctimas y organizaciones que trabajan en territorio. La discusión de fondo, en realidad, no es si se habla de masculinidades, sino cómo, con qué evidencia y al servicio de qué prioridades públicas.
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Fuente: Reuters y Redacción
