Guanajuato apareció este 17 de abril como la entidad con mayor incremento absoluto de personas desaparecidas en el país durante 2025. De acuerdo con un informe de Causa en Común retomado en el estado, la cifra pasó de 623 casos en 2024 a 954 en 2025. El salto implica 331 personas más y un crecimiento de 53 por ciento en un solo año. El dato no solo coloca a la entidad en el centro del debate nacional de seguridad. También vuelve más urgente revisar qué está fallando en prevención, búsqueda e investigación. El reporte vincula esta alza con fenómenos como la extorsión y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Esa conexión importa porque ayuda a entender que la desaparición no es un hecho aislado, sino una expresión de control territorial y violencia criminal. Cuando una región combina presión delictiva, miedo social y baja capacidad de respuesta, las desapariciones se multiplican y sus rastros se vuelven más difíciles de seguir. Para las familias, la estadística tiene nombre, tiempo detenido y trámites interminables. Para las autoridades, debería ser una señal de alarma que no admite lecturas complacientes.
Guanajuato no encabezó el mayor crecimiento porcentual, pero sí el mayor aumento en números absolutos, lo que da dimensión real al problema. Esa diferencia es importante porque muestra dónde hubo más personas ausentes, más búsquedas pendientes y más hogares impactados. También obliga a mirar el tema más allá de la competencia entre rankings estatales. El reto no es discutir quién está peor en términos relativos, sino por qué la respuesta pública sigue siendo insuficiente frente a un fenómeno tan devastador. Sin coordinación eficaz entre fiscalías, comisiones de búsqueda y cuerpos policiales, la brecha entre denuncia y localización seguirá ampliándose.
En seguridad, las inercias ya no alcanzan y la desaparición exige herramientas nuevas, mejores sistemas de análisis y búsquedas apoyadas en tecnología, siempre con respeto pleno a los derechos humanos. Eso implica cruces de bases de datos, georreferenciación, trazabilidad de indicios y protocolos que no revictimicen a quienes buscan. También implica asumir que la política de seguridad no puede medirse solo por decomisos o detenciones si al mismo tiempo crece el número de personas que no regresan a casa. El informe deja a Guanajuato frente a un espejo incómodo. La respuesta institucional tendrá que estar a la altura de esa evidencia y no solo de la narrativa oficial.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
