El Congreso de Guanajuato abrió una ruta poco habitual para la próxima reforma electoral al perfilar la contratación de especialistas externos. La opción tomó fuerza a partir de una propuesta presentada ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política. La idea es recurrir a un acompañamiento técnico ajeno a los equipos ordinarios de asesoría parlamentaria. Según lo expuesto, existe un acuerdo general entre fuerzas políticas para buscar ese apoyo por la premura del calendario. El movimiento muestra que el tema ya entró en una fase donde el diseño jurídico importa tanto como el debate partidista.
Entre los nombres puestos sobre la mesa destaca el del expresidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, J. Jesús Badillo Lara. Su posible participación se justificó por su experiencia en materia electoral y por haber formado parte de procesos previos de reforma. Aun así, la decisión final sigue en manos de la Junta, que deberá definir si aprueba o no la contratación específica. El punto de fondo no es solo quién asesora, sino con qué reglas se construye una reforma que tocará la competencia política local. La legitimidad del proceso dependerá de la calidad técnica y de la apertura con que se conduzca.
Cuando una reforma electoral se diseña con poco tiempo, el riesgo es privilegiar remiendos sobre soluciones de largo alcance. Por eso puede ser útil sumar perfiles con experiencia normativa, siempre que su intervención no sustituya el debate público ni la responsabilidad de los legisladores. Guanajuato necesita reglas estables, comprensibles y confiables para partidos, candidaturas y ciudadanía. También necesita evitar reformas hechas a la medida de la coyuntura o del cálculo inmediato. La técnica jurídica sirve, pero solo si está al servicio de instituciones más claras y equitativas.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
