Integrantes del colectivo feminista Regla Rota afirmaron en Salamanca que homologar el delito de feminicidio en todo México es una deuda histórica. Su postura fue difundida este 12 de abril en el contexto de la nueva discusión nacional sobre una ley general en la materia. El planteamiento parte de una crítica clara: la vida de las mujeres no puede valer distinto según el estado donde ocurra el crimen. Para las activistas, la disparidad legal y de investigación produce desigualdad, impunidad y mensajes contradictorios sobre la gravedad del delito. Por eso su exigencia combina castigo, definición penal uniforme y perspectiva de género real. El colectivo pidió penas de 40 a 70 años para castigar el feminicidio en el país. La demanda fue acompañada por un dato contundente: durante 2025 se registraron 27 asesinatos sin investigación adecuada desde perspectiva de género, según la denuncia retomada en la nota local. Esa cifra sirve a las activistas para mostrar que el problema no es abstracto ni lejano. También refuerza la idea de que muchas muertes violentas de mujeres siguen sin clasificarse ni perseguirse con el rigor necesario. En esa brecha entre violencia y justicia se instala gran parte del reclamo.
Las feministas de Salamanca vincularon su posicionamiento con la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. De acuerdo con la información difundida, el Senado recibió la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con respaldo de la Fiscalía General de la República. Ese paso abre una ventana legislativa que los colectivos buscan aprovechar para empujar cambios de fondo. No les basta con un ajuste simbólico o con declaraciones de ocasión. Lo que exigen es que la homologación se traduzca en protocolos, sanciones y obligaciones concretas para ministerios públicos y jueces.
El pronunciamiento de Regla Rota muestra cómo el feminismo local también interviene en debates nacionales con agenda propia y memoria territorial. Salamanca no habló desde la abstracción, sino desde su lectura de los vacíos que persisten cuando una mujer es asesinada y el caso se diluye. La presión social sobre el tema seguirá creciendo si la reforma no atiende investigación, reparación y prevención de manera integral. En delitos de género, la letra legal importa, pero más importa que cambie la práctica institucional cotidiana. Esa será la medida real de cualquier reforma que pretenda llamarse histórica.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
