La discusión energética volvió al centro del debate nacional después de que el gobierno federal admitió que evalúa nuevas técnicas para extraer gas sin recurrir, según su planteamiento, al fracking tradicional. La posición oficial busca conciliar la necesidad de reducir la dependencia externa con una promesa política de menor impacto ambiental. El tema no es menor porque el país consume mucho más gas del que produce y esa brecha se cubre con importaciones, sobre todo desde Estados Unidos. Esa dependencia expone a México a variaciones de precio, a tensiones comerciales y a eventuales interrupciones de suministro. La ruta que elija el Ejecutivo definirá si la seguridad energética se fortalece con producción propia, con más compras externas o con una mezcla de ambas. La presidenta explicó el 9 de abril que su rechazo se mantiene frente al fracking tradicional, pero abrió la puerta a tecnologías más nuevas que, según la evaluación técnica en curso, usarían menos químicos y agua no apta para consumo humano. La revisión quedó en manos de un comité especializado que trabajará durante aproximadamente dos meses antes de presentar conclusiones. En el fondo, la discusión pasa por saber si esas técnicas realmente reducen riesgos o si solo cambian el nombre de un método que sigue siendo polémico. También entra en juego la capacidad del Estado para regular, supervisar y transparentar cada etapa de la extracción. Sin vigilancia técnica sólida, cualquier promesa de menor impacto ambiental puede quedarse en discurso.
Pemex ha utilizado fracturación en zonas como Veracruz y Tamaulipas desde hace décadas, y ese antecedente pesa en la discusión actual. La novedad es que el gobierno intenta enmarcar la posible expansión de producción de gas en criterios de menor daño ambiental y mayor autonomía estratégica. El argumento económico es directo, porque México demanda alrededor de nueve mil millones de pies cúbicos diarios y produce apenas una parte de ese volumen. La diferencia se cubre con importaciones cercanas a siete mil millones de pies cúbicos por día, una señal clara de vulnerabilidad estructural. Cuando el combustible es clave para generar electricidad, mover industria y sostener cadenas productivas, esa vulnerabilidad se vuelve un asunto de seguridad nacional.
El debate también obliga a mirar más allá del dilema entre producir o importar. México necesita reglas claras, monitoreo independiente y datos públicos que permitan saber dónde, cómo y con qué efectos se extraerá el gas en caso de avanzar. La discusión no debe reducirse a consignas, porque involucra empleo, tarifas eléctricas, inversión y protección ambiental al mismo tiempo. Una política seria tendría que combinar abastecimiento confiable, transición energética gradual y controles estrictos para proteger agua, suelo y comunidades. Si esa ecuación no se resuelve con claridad, el país puede terminar atrapado entre una dependencia costosa y una extracción cuestionada socialmente.
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Fuente: Reuters
