La violencia contra las mujeres mantiene cifras que retratan una emergencia sostenida en el país. En los últimos diez años, 34 mil 645 mujeres fueron víctimas de feminicidio u homicidio doloso, mientras 18 mil 862 fueron reportadas como desaparecidas. Ese cruce de datos deja un promedio de 14 mujeres desaparecidas o asesinadas cada día en el periodo analizado. Tan solo en 2025, el promedio subió a 15 casos diarios entre desapariciones y asesinatos. La magnitud del fenómeno confirma que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis estructural que exige respuestas más finas y más rápidas. El grupo de mayor incidencia es el de 15 a 29 años, tramo en el que se concentra una parte decisiva de las desapariciones reportadas. Cinco de cada diez mujeres que desaparecen en México están en ese rango de edad, mientras otra franja importante corresponde a niñas y adolescentes más jóvenes. Los estados con más registros siguen concentrando buena parte del problema, pero la alerta también alcanza a otras entidades donde la incidencia ha crecido de forma constante. Guanajuato aparece de manera recurrente entre los territorios que preocupan por la acumulación de casos. Esa persistencia muestra que la violencia de género y las desapariciones no se distribuyen de forma homogénea, pero sí se repiten con patrones reconocibles.
Colectivos y especialistas insisten en que la desaparición suele ser la antesala del feminicidio y que la reacción estatal continúa siendo tardía o incompleta. Cuestionan que todavía no exista una búsqueda en vida con enfoque de género, edad y contexto territorial suficientemente robusta. También advierten que muchas agresiones se originan en relaciones de pareja o en círculos cercanos, por lo que los primeros momentos de investigación son decisivos. Sin protocolos bien activados, se pierden horas valiosas y se deja abierta la posibilidad de que el agresor huya o altere evidencias. El problema no es solo cuantitativo, sino institucional: cuándo se busca, cómo se busca y qué hipótesis se privilegian desde el inicio.
Una política pública seria tendría que unir bases de datos, alertas tempranas, perspectiva de género y capacidades periciales que permitan localizar a las víctimas a tiempo. También debe reconocer que los contextos de crimen organizado no eliminan la obligación de investigar feminicidios con ese tipo penal cuando corresponde. La demanda de familias y activistas no es simbólica, sino concreta: búsqueda inmediata, investigación profesional y sanción efectiva. En un país donde miles de hogares cargan con una ausencia o con una muerte evitable, cada retraso institucional pesa demasiado. Hablar de feminismo suave aquí significa algo elemental: proteger la vida, buscar con seriedad y dejar de tratar la violencia contra las mujeres como una estadística rutinaria.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
