
El Gobierno federal elevó el estímulo fiscal a los combustibles para amortiguar el golpe de la crisis petrolera internacional. La medida se aplicará en la semana del 4 al 10 de abril y da prioridad al diésel, insumo clave para el transporte de carga. El estímulo del IEPS para ese combustible quedó en 81.20 por ciento, un aumento importante respecto de la semana previa. También se ajustaron los apoyos para las gasolinas Magna y Premium, con porcentajes de 31.40 y 18.48 por ciento. La decisión busca contener presiones inflacionarias en un momento de alta volatilidad energética.
El ajuste responde al alza del petróleo provocada por la guerra en Medio Oriente y por la tensión en el estrecho de Ormuz. Entre el 27 de febrero y el 3 de abril, los referentes internacionales del crudo registraron aumentos muy significativos, lo que encendió alertas sobre costos de importación y transporte. Hacienda optó por absorber una parte del impacto a través del impuesto especial que grava los combustibles. En el caso del diésel, el gobierno dejará de cobrar 5.9791 pesos por litro y el consumidor pagará 1.3843 pesos por ese concepto. Con ello se intenta evitar un traslado inmediato del encarecimiento al precio final de mercancías y servicios.
La apuesta oficial parte de un cálculo práctico: si sube el costo del diésel, sube también la presión sobre alimentos, logística y producción. Por eso el apoyo se concentra en el combustible que mueve tractocamiones, reparto y buena parte de la actividad económica diaria. El estímulo, sin embargo, tiene un costo para las finanzas públicas y no elimina por completo el efecto externo. Solo compra tiempo para que el alza internacional no se refleje de forma abrupta en estaciones de servicio y cadenas de suministro. En ese sentido, la medida funciona como un amortiguador temporal, no como una solución permanente al problema energético. La propia proyección oficial prevé una merma importante en la recaudación asociada al IEPS si el conflicto internacional se prolonga. También se anticipan ajustes en los ingresos petroleros y en las finanzas de Pemex por la combinación de precios, exportaciones y tipo de cambio. Aun así, la decisión evidencia que el gobierno prefiere asumir un costo fiscal antes que permitir un salto rápido en los precios al consumidor. El desafío será sostener este esquema sin deteriorar más el espacio presupuestal si la crisis externa dura más de lo estimado. Lo inmediato, por ahora, es contener el golpe en el bolsillo y en el costo del transporte.
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Fuente: Agencias y Redacción











