La organización Artículo 19 exigió justicia por el asesinato de Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. El pronunciamiento reavivó la atención pública sobre la vulnerabilidad en la que operan las personas buscadoras en Guanajuato. Cecilia había sido reportada como desaparecida el 14 de marzo, luego de ser presuntamente sustraída de su domicilio en la comunidad de Valtierrilla, en Salamanca. Días después, su cuerpo fue localizado sin vida en la comunidad de Puerto de Valle, junto al de otra persona, en un camino de terracería. La ficha de búsqueda fue desactivada oficialmente el 31 de marzo, una vez confirmada su identidad mediante estudios forenses y pruebas de ADN.
La historia de Cecilia no comenzó con su propia desaparición, sino con la de su hermano Miguel Ángel García Ramblas. Ella se integró al colectivo de búsqueda después de que él desapareciera el 27 de marzo de 2021 en la misma comunidad de Valtierrilla. Años más tarde, en 2025, su hermano fue localizado sin vida en un predio situado entre Irapuato y Silao. Ese antecedente explica por qué su caso tiene un peso simbólico y político tan fuerte. No se trata de un hecho aislado, sino de una cadena de violencias que golpeó a una misma familia y a un colectivo entero.
Artículo 19 pidió una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva, con perspectiva de género y enfoque diferenciado. También reclamó medidas urgentes de protección para colectivos y familiares de personas desaparecidas. La exigencia tiene fundamento en una realidad documentada: quienes buscan a sus seres queridos suelen hacerlo en contextos de amenazas, exposición y abandono institucional. En Guanajuato, además, la violencia contra buscadoras y buscadores no puede reducirse a una nota pasajera. Cada caso obliga a revisar la capacidad real del Estado para garantizar protección y acceso a la justicia. El asesinato de Cecilia vuelve a colocar en el centro una discusión que México no puede seguir postergando. Las madres, hermanas y compañeras que buscan desaparecidos realizan una labor que debería corresponder plenamente a las autoridades. Cuando una buscadora también se convierte en víctima, la herida social se profundiza y la desconfianza crece. La respuesta institucional necesita investigación seria, acompañamiento y protección sostenida, no solo declaraciones. En clave de feminismo y derechos humanos, defender a las mujeres buscadoras es defender el derecho elemental de una sociedad a saber dónde están sus desaparecidos.
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Fuente: Agencias y Redacción
