La Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas firmaron un convenio para difundir la Cartilla de Derechos de las Mujeres a través de 23 radiodifusoras indígenas. La herramienta fue traducida a 67 lenguas indígenas y la difusión se plantea como una vía para acercar información de derechos a comunidades donde la barrera lingüística sigue siendo decisiva. El acuerdo fue presentado en Tehuantepec, Oaxaca, y se inscribe en una agenda que intenta combinar igualdad de género con reconocimiento cultural y acceso a la justicia. En términos políticos y sociales, el paso tiene relevancia porque reconoce que la universalidad de los derechos se vuelve incompleta cuando no existe traducción efectiva a la vida cotidiana de los territorios. La radio comunitaria, en este escenario, aparece como una infraestructura pública de cercanía que puede hacer llegar el mensaje donde Internet o la burocracia no llegan.
El proceso de traducción fue realizado por 110 personas, de las cuales 88 fueron mujeres, con apoyo metodológico de instituciones especializadas en lenguas originarias. Esa dimensión técnica importa porque no se trata de una adaptación simbólica, sino de un esfuerzo organizado para eliminar obstáculos históricos en el acceso a la información jurídica y social. El contenido podrá circular en asambleas, escuelas, festividades, espacios domésticos y trayectos comunitarios, ampliando su alcance más allá de oficinas o campañas urbanas. También reconoce a las mujeres indígenas como transmisoras fundamentales de lengua, memoria y organización social, un punto que pocas veces recibe centralidad en la política pública. La combinación entre feminismo y derechos lingüísticos le da al anuncio una profundidad que va más allá del protocolo oficial.
Que la cartilla se escuche en la lengua propia de cada comunidad puede modificar la relación entre la norma y la experiencia concreta de muchas mujeres. Los derechos son más exigibles cuando pueden nombrarse, comprenderse y discutirse sin mediaciones ajenas a la vida comunitaria. Por eso esta estrategia tiene potencial para fortalecer prevención de violencia, rutas de atención y nociones básicas de autonomía personal y colectiva. Sin embargo, la difusión por sí sola no bastará si las instituciones encargadas de recibir denuncias o brindar apoyo no son capaces de responder con pertinencia cultural y lingüística. El desafío es que la palabra traducida encuentre respaldo en servicios, ministerios públicos, sistemas de salud y mecanismos de protección igualmente accesibles. En un país plurilingüe como México, la igualdad sustantiva requiere algo más que discursos bien intencionados. Requiere que el Estado acepte que las barreras del idioma también son barreras de poder y que afectan de manera desproporcionada a las mujeres indígenas. La apuesta por la radio puede convertirse en una política de alto impacto si se sostiene en el tiempo y se acompaña de seguimiento territorial. Además, ofrece una lección útil para otras áreas públicas: la inclusión verdadera no se decreta, se traduce y se vuelve operativa. El convenio abre una ruta valiosa, pero su éxito dependerá de que la difusión de derechos se convierta en acceso real a justicia, protección y reconocimiento.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
