La gobernadora Libia Dennise García presentó una iniciativa para reformar y adicionar más de 70 leyes y códigos del estado con perspectiva de género. El paquete busca armonizar el marco legal local con estándares federales sobre igualdad sustantiva, prevención de violencias y lenguaje incluyente. No es una reforma pequeña ni decorativa, sino un intento amplio por reordenar buena parte de la legislación estatal bajo un mismo enfoque. La magnitud del movimiento refleja que el debate ya no se limita a programas o discursos conmemorativos. Ahora se intenta aterrizar en reglas concretas y en obligaciones para todo el aparato público.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es elevar a rango constitucional el deber de las autoridades de garantizar la igualdad sustantiva. Ese cambio importa porque obliga a que las políticas no se limiten a reconocer derechos en el papel, sino a crear condiciones para que mujeres, adolescentes y niñas puedan acceder realmente a ellos. La iniciativa también insiste en erradicar desigualdades históricas y en integrar una perspectiva transversal en el funcionamiento del Estado. Es decir, no se plantea como una agenda aislada de una dependencia, sino como una obligación general. Esa ambición es justamente lo que vuelve a la reforma políticamente significativa.
El momento elegido tampoco es casual. La propuesta se presentó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando la presión pública sobre violencia, brechas y falta de resultados institucionales suele crecer. Guanajuato arrastra una conversación muy áspera en materia de derechos de las mujeres, así que mover más de 70 normas implica entrar a un terreno donde no todos coinciden. Habrá quienes vean en el paquete un avance necesario y quienes lo consideren insuficiente o tardío. Pero incluso esas objeciones confirman que el tema dejó de estar en segundo plano dentro de la agenda estatal. El verdadero examen vendrá en el Congreso y, después, en la aplicación. Las grandes reformas suelen lucir mejor en el anuncio que en la ejecución, sobre todo cuando requieren cambios de lenguaje, procedimientos y criterios dentro de muchas instituciones. Si el paquete avanza, Guanajuato tendrá que demostrar que la armonización legal sí cambia formas de atención, prevención y justicia. Si se atasca, quedará como otra promesa de alto volumen y bajo impacto. Por ahora, la gobernadora abrió una discusión de fondo y colocó sobre la mesa una pregunta inevitable: hasta dónde está dispuesto a moverse el estado para que la igualdad deje de ser consigna y se vuelva norma efectiva.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
