La sentencia por la muerte del gato Gary sacudió otra vez a Guanajuato capital, no porque cerrara el caso, sino porque dejó insatisfechas a muchas personas. Gerónimo “Geros” Yebra fue condenado a pagar 32 mil 700 pesos tras la muerte del felino, en un proceso que originalmente había sido presentado por maltrato animal. Sin embargo, el juez reclasificó el delito a “daños”, una decisión que cambió por completo el alcance de la sanción. Lo que pudo terminar en una pena más severa acabó reducido a una reparación económica pagada al final de la audiencia. La reacción de colectivos y rescatistas fue inmediata.
El caso venía generando indignación desde diciembre de 2025, cuando la Fiscalía del estado vinculó a proceso a Yebra por maltrato y muerte del animal. En la audiencia final se recordó que, según el expediente, el agresor dejó una jauría de perros en El Carrizo y con ello atentó contra el gato de una vecina. Para activistas, el problema no es solo la conducta concreta, sino el mensaje institucional que deja la reclasificación. Si la muerte de un animal de compañía termina tratada como un daño patrimonial, el sistema parece valorar la pérdida en pesos y no en términos de crueldad o protección a seres sintientes. Esa percepción explica la molestia pública alrededor del fallo.
La asociación Tlacuatzin y otras voces defensoras del bienestar animal insistieron en que la legislación estatal reconoce a los animales como seres sintientes y contempla sanciones más severas cuando el maltrato provoca la muerte. Desde esa óptica, el caso Gary evidenció una brecha entre lo que la ley dice y lo que realmente se aplica en tribunales. También quedó sobre la mesa otro frente: la situación de la jauría involucrada, cuya separación del responsable se busca hacer permanente y no solo temporal. Es decir, el expediente todavía proyecta efectos más allá de la multa. Lo que se discute ahora no es solamente una sentencia, sino el estándar con el que el estado responderá a la crueldad animal. Para Guanajuato, este asunto tiene una dimensión que supera lo anecdótico. Las políticas de bienestar animal han crecido en el discurso público, pero siguen mostrando huecos cuando se enfrentan a casos extremos. Una multa puede cerrar una audiencia, pero no necesariamente satisface la exigencia social de justicia ni fortalece la prevención futura. Si el objetivo es desnormalizar el maltrato, las resoluciones deben ser coherentes con ese mensaje. El caso Gary deja, por ahora, una pregunta incómoda sobre cuánto vale la vida de un animal cuando el sistema decide traducirla solo a una cifra.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
