
La agresión cometida durante la marcha del 8M en Guanajuato capital dio un giro que encendió aún más el enojo feminista. Colectivas denunciaron que el hombre señalado por atacar a mujeres el pasado 8 de marzo quedó libre por decisión judicial y después no volvió a presentarse a su audiencia. Hoy se encuentra prófugo. La secuencia es devastadora porque transforma un caso de violencia denunciada públicamente en otra historia de impunidad anunciada. Para las activistas, el problema ya no es solo el agresor, sino el sistema que le abrió la puerta. De acuerdo con el posicionamiento de la Red de Movimientos Feministas, la fiscalía había pedido que el imputado permaneciera detenido mientras avanzaba el proceso. Sin embargo, el juez decidió que enfrentara el caso en libertad y eso terminó facilitando la fuga. Esa decisión dejó a las denunciantes en una situación de vulnerabilidad todavía mayor. Lo que para un expediente pudo ser una medida procesal, para las víctimas se convirtió en una señal de desprotección directa. Cuando la justicia falla así, no solo pierde un caso: pierde confianza social.
El episodio retrata con crudeza una de las principales críticas que sostienen las colectivas en Guanajuato. No basta con decir que se escucha a las mujeres si, al momento decisivo, las instituciones no garantizan seguridad ni continuidad del proceso. La marcha del 8M suele ser espacio de denuncia, memoria y exigencia, pero en este caso también terminó documentando la fragilidad del aparato judicial frente a la violencia de género. El mensaje que reciben muchas mujeres es devastador. Denunciar sigue siendo necesario, pero denunciar no garantiza todavía que el Estado las proteja.
Lo que sigue será clave para medir si el caso se hunde en la impunidad o si se convierte en un punto de inflexión. Las colectivas ya adelantaron que mantendrán el acompañamiento y la presión pública para que se active la localización del agresor. Guanajuato no puede permitirse naturalizar que un ataque a mujeres durante una marcha termine en fuga por omisión institucional. El asunto trasciende a una sola persona y toca la credibilidad completa del sistema de justicia local. Si no hay respuesta firme, la herida del 8M se ampliará mucho más allá de esa jornada.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION











