El gobierno de Celaya anunció que cancelará permisos a comerciantes que acumulen tres años o más de adeudos en pagos de plaza y refrendo. La decisión implica un endurecimiento claro de la política municipal frente a quienes han seguido operando sin ponerse al corriente. De acuerdo con Fiscalización, a partir del 6 de abril comenzarán clausuras y ya no se aplicará una lógica de multas graduales para estos casos. El mensaje es que el incumplimiento prolongado dejará de verse como una falta corregible y pasará a tratarse como causal directa de cancelación. En una ciudad con fuerte presencia de comercio popular, la medida inevitablemente abrirá discusión. El área responsable explicó que existen casos con diez, quince e incluso veinte años de rezago. También detalló que de aproximadamente mil novecientos comerciantes con permiso, apenas poco más de quinientos habían renovado su autorización en lo que va del año. Ese dato revela dos cosas a la vez: una baja regularización y un universo amplio de actividad económica cuya relación con la autoridad sigue siendo frágil. Para el municipio, ordenar ese padrón es parte de recuperar control administrativo. Para muchos comerciantes, en cambio, el proceso puede sentirse como una presión fuerte en un contexto económico nada sencillo.
La autoridad ha dicho que todavía hay margen para regularizarse y que el último día de marzo funciona como fecha clave para quienes van al corriente o buscan alguna prórroga. El problema es que la amenaza de cancelación masiva puede tensionar mercados, tianguis y liderazgos locales si no se administra con mucho cuidado. Nadie discute que la autoridad deba cobrar y ordenar. Lo delicado está en cómo se hace y en si el municipio logra distinguir entre quien evade de manera sistemática y quien se ha rezagado por sobrevivencia económica. Ese matiz será central para evitar que una medida administrativa termine convertida en conflicto social.
Celaya necesita orden comercial, sí, pero también necesita legitimidad en la manera de construirlo. Si la regularización se lleva con reglas claras, convenios posibles y criterios parejos, el municipio podrá fortalecer su gobernanza cotidiana. Si se percibe como castigo selectivo o como una operación sin sensibilidad social, el resultado puede ser el contrario. El comercio popular forma parte de la vida urbana de la ciudad y no se corrige solo con advertencias. La eficacia de esta medida dependerá tanto de la firmeza como de la capacidad para no romper el tejido económico que sostiene a miles de familias.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
