Celaya reactivó las diez obras públicas que habían quedado detenidas por problemas de extorsión. El director de Obras Públicas informó que todas volvieron a trabajar y que se concluirán este mismo mes. La presión adicional es no perder los recursos ya asignados. Una de las obras afectadas fue la de la calle Pirul. El caso confirma que la inseguridad también frena drenajes, pavimentaciones y servicios básicos.
La gravedad del asunto está en la causa del paro. Las constructoras no se apartaron por fallas técnicas, sino por riesgos de seguridad. Eso muestra que la extorsión ya alcanza proyectos públicos financiados con dinero municipal. Cada obra detenida golpea a vecinos que esperan calles transitables, redes de agua y mejor infraestructura. En los hechos, la violencia termina convirtiéndose en un impuesto oculto para toda la ciudad.
Que las obras vuelvan a moverse es una buena señal, pero no resuelve el problema de fondo. El municipio tuvo que contener una situación que ya generaba molestia vecinal y riesgo presupuestal. Celaya necesita recuperar la obra pública y también la confianza para construir sin miedo. Ahí la seguridad deja de ser discurso y se vuelve condición para gobernar. Reactivar era urgente, pero impedir otro freno será la prueba verdadera.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
