La presidenta reunió en Palacio Nacional a alcaldes de decenas de municipios con alta incidencia delictiva. El objetivo fue reforzar la coordinación con el gabinete de seguridad y alinear prioridades para las zonas más afectadas. Entre los asistentes hubo presidentes municipales de Guanajuato, entidad que suele figurar entre los principales focos por homicidios. Se planteo trabajar sobre ejes que combinan atención a causas, fortalecimiento policial y presencia territorial. La reunión busco que las decisiones no se queden en discursos y se traduzcan en acciones medibles en cada ciudad.
En la mesa se habló de recursos y de proyectos que acompañen la estrategia de seguridad. Se mencionaron apoyos en educación, cultura y deporte para recomponer tejido social, sobre todo en colonias donde se concentra el reclutamiento criminal. También se insistió en mejorar capacidades operativas locales, desde patrullaje hasta coordinación con fuerzas federales. Los municipios pidieron claridad en metas y en mecanismos de seguimiento para no duplicar esfuerzos. La lectura política es que la seguridad se está convirtiendo en un problema de gestión compartida, no solo de competencia federal.
El reto será sostener la coordinación cuando aparezcan presiones presupuestales. La experiencia muestra que un plan funciona si baja a lo concreto: mapas de riesgo, horarios, corredores y objetivos puntuales. La legitimidad depende de transparencia, resultados y respeto a derechos humanos. Sin eso, los operativos se desgastan y la gente deja de confiar. La ciudadanía no pide milagros, pide consistencia.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
