En Salamanca, el sector empresarial reportó que 14 comercios cerraron durante la primera quincena de febrero, principalmente por extorsión. El dato refleja un desgaste que no se ve solo en cifras: se ve en cortinas abajo. Empleos perdidos y familias con miedo. Empresarios señalaron que, además de extorsiones, se han reportado privaciones de la libertad que elevan la tensión. Se mencionó el caso de un empresario del ramo de materiales para construcción que fue interceptado y liberado el mismo día.
El mensaje es directo: la inseguridad no solo lastima, también paraliza. Ante la falta de condiciones, muchos negocios optan por invertir en seguridad propia, aunque eso no garantice evitar delitos. La inversión incluye medidas físicas, vigilancia y coordinación vecinal, como forma de “cuidarse entre todos”. La preocupación se agrava cuando no hay respuesta rápida a solicitudes de reunión con autoridades municipales. En contraste, se abrió la posibilidad de mesas de trabajo con el gobierno estatal para coordinar acciones.
El sector insiste en que no quiere cerrar, pero necesita operar con mínima certidumbre. El impacto es económico y social: un comercio que cierra arrastra proveedores, empleados y servicios alrededor. También deteriora vida comunitaria, porque calles con menos actividad se vuelven más vulnerables. En seguridad, la tecnología puede aportar inteligencia operativa: análisis de patrones de extorsión, trazabilidad de llamadas, protección a denunciantes y respuesta coordinada. Pero debe usarse con enfoque de derechos, cuidando datos y evitando abusos.
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Fuente: Agencias y redacción
