Abogados afirmaron que México traslado a casi 100 presos a Estados Unidos. Sostienen que no hubo órdenes judiciales de extradición en esos casos. La denuncia abrió debate sobre seguridad, cooperación bilateral y legalidad. Críticos dicen que se vulnero el debido proceso y se actuó por presiones externas. Otras voces señalan que algunos lideres criminales siguen operando desde prisión y exigen respuestas rápidas.
Los señalamientos hablan de traslados en varias tandas y falta de transparencia. Familias piden saber que autoridad autorizo cada envió y con que fundamentos. Especialistas recuerdan que saltar procedimientos debilita al Estado y puede generar abusos. La cooperación con Estados Unidos debe ser verificable y sujeta a controles judiciales. Organizaciones piden que se publiquen criterios y mecanismos de supervisión sin poner en riesgo investigaciones.
Una alternativa es acelerar procesos en tribunales sin eliminarlos ni simularlos. También se propone reforzar seguridad penitenciaria y control interno para cortar mando criminal. La tecnología de monitoreo puede ayudar si hay auditoría independiente y reglas de uso. En casos binacionales, la transparencia es clave para sostener confianza pública. El debate seguirá mientras no se aclaren responsabilidades, documentos y resultados de cada traslado.
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Fuente: AP
