En Tapachula, ciudadanos y empresarios reportaron inquietud por el estado de sitio de 30 días decretado en Guatemala. La medida se anunció para contener pandillas tras motines en cárceles y ataques a su policía. En la frontera mexicana creció el temor de que integrantes de esas bandas busquen cruzar hacia Chiapas. Voces locales pidieron reforzar patrullajes y vigilancia en el río Suchiate, que sirve de paso irregular. También señalaron que en la zona no existe control completo y eso facilita cruces de todo tipo.
Organizaciones de derechos humanos en la región advirtieron que pandilleros podrían mezclarse con flujos migratorios vulnerables. Mencionaron que Tapachula, por la presión migratoria, concentra trámites y filas donde pueden ocurrir abusos. La preocupación central es que el miedo impida denunciar y que la población quede atrapada entre rumores y amenazas. En estos escenarios, la atención a víctimas y la verificación de datos resultan clave para evitar pánico. La frontera vive un equilibrio frágil entre movilidad humana y seguridad pública.
Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo defendió la capacidad de respuesta de su Estado y el trabajo de inteligencia. Vinculó la ola de violencia a represalias de redes político-criminales y pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha. En el recuento citado, se mencionaron policías fallecidos y ataques coordinados contra fuerzas de seguridad. La crisis llevó a suspensiones y ajustes en actividades dentro de Guatemala, con impacto social y económico.
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Fuente: EFE
