Entró en vigor un tratado de Naciones Unidas para proteger la biodiversidad en alta mar. El acuerdo crea un marco legal para enfrentar amenazas como la sobrepesca en aguas internacionales. La meta global es avanzar hacia la protección del 30% del océano para 2030. El tratado también abre la puerta a redes de áreas marinas protegidas en ecosistemas antes poco regulados. Se trata de un cambio mayor para dos tercios del océano, que hasta ahora tenía reglas fragmentadas.
El acuerdo se conoce como Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ. Fue finalizado en 2023 tras años de negociación, y se activó al superar el umbral de ratificaciones requerido. Con su entrada en vigor, los países tienen herramienta vinculante para crear zonas protegidas y coordinar vigilancia. Esto también impacta industrias de pesca, transporte y explotación marina. El desafío será pasar de letra a patrullaje real y sanciones que funcionen. Sin aplicación, la protección queda en papel.
Para México y la región, el tema importa por rutas de pesca, comercio y conservación de especies migratorias. También por arrecifes y conectividad de ecosistemas que no respetan fronteras. La alta mar es espacio donde el delito ambiental prospera cuando falta control. La tecnología, satélites y monitoreo de barcos puede ayudar, pero requiere cooperación y transparencia. El tratado ofrece base para esa coordinación, ahora falta voluntad y presupuesto. El océano es alimento y clima, no solo postal. La pregunta será quién paga, quién vigila y cómo se protegen comunidades que dependen del mar. Si el tratado se implementa con justicia, se puede conservar sin destruir economías costeras. Si se implementa mal, puede generar desigualdad y evasión. Por eso el seguimiento internacional y la rendición de cuentas serán cruciales. La entrada en vigor es un inicio, no un logro final. El resultado real se verá en menos depredación y más recuperación de vida marina.
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Fuente: Reuters
