El Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato recibirá un presupuesto de 64 millones 731 mil 679 pesos para 2026. El dato llama la atención porque el organismo se encuentra en proceso de cierre rumbo a su extinción. Se informó que mantiene operaciones administrativas mientras avanza ese proceso. El contraste abre debate sobre gasto, transición y obligaciones pendientes. También pone foco en cómo se garantiza el derecho a saber durante el cambio.
En transiciones institucionales, hay costos inevitables, nómina, archivos, procesos y entrega de responsabilidades. El punto crítico es la justificación pública y el control del gasto, para evitar opacidad en el tramo final. La sociedad espera claridad sobre qué funciones se trasladarán y a dónde. Si el instituto desaparece, debe existir un mecanismo que cubra atención, recursos y cumplimiento. La transparencia no puede quedar en pausa por reestructura.
El reto es doble, cerrar sin desorden y preservar servicios al ciudadano. También se requiere proteger expedientes, sistemas y resoluciones, porque son memoria pública. Un presupuesto puede ser razonable si se explica con metas, plazos y auditorías. Sin esos elementos, la cifra se vuelve símbolo de desconfianza social. La rendición de cuentas debe ser más estricta cuando una entidad está por apagarse. Para Guanajuato, este caso puede marcar precedente sobre cómo se reconfigura el control ciudadano. Si el proceso se maneja con claridad, se reduce el ruido y se protege el derecho de acceso. Si se maneja con discreción, se alimentan sospechas de cierre para evitar vigilancia. La decisión no es solo administrativa, también es política. La ciudadanía necesita respuestas concretas, con fechas y responsabilidades. Y el presupuesto debe seguir esa misma lógica.
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Fuente: Agencias y Redacción
