El Cabildo de San Miguel de Allende aprobó una concesión de basura por 15 años. La empresa señalada en el acuerdo fue GISA, según el reporte. La decisión tuvo respaldo mayoritario, pero también críticas de oposición. El debate se centró en costo por tonelada y duración del contrato. El tema tocó de lleno la gestión ambiental y financiera del municipio.
Quienes cuestionan piden revisar viabilidad y condiciones del servicio. Señalan que un plazo largo puede amarrar decisiones futuras. También piden claridad en métricas de cumplimiento y sanciones por fallas. Del otro lado, se argumenta continuidad y operación estable. En municipios turísticos, la recolección es parte de imagen urbana y salud pública.
La conversación no debe quedarse en pleito político. Contratos así necesitan anexos técnicos, auditorías y publicación de tarifas. Sin eso, crece la sospecha y se erosiona confianza. Además, la basura no es solo camión, es separación, disposición y trazabilidad. Lo que no se mide, se pierde, y lo que se oculta, estalla. San Miguel puede dar ejemplo si abre la información completa. Transparencia de costos, rutas y metas ayuda a evaluar. Tecnología de seguimiento de unidades también reduce desvíos y quejas. La ciudad gana más con control público que con discursos.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
