El gobierno estatal reportó una asignación de 214 millones de pesos para la Comisión de Víctimas en Guanajuato, con énfasis en fortalecer búsquedas de personas. En lo anunciado se incluye el uso de cámaras especializadas para labores de localización. También se subrayó trabajo cercano con colectivos, como parte de un enfoque de acompañamiento. El tema se coloca en el centro de la agenda de derechos humanos.
La desaparición tiene efectos que no se ven en una estadística simple: familias sin respuesta, gastos, desgaste emocional y riesgos por buscar sin protección. Por eso, cualquier recurso debe traducirse en capacidades reales, personal, equipo, y coordinación con fiscalías. La tecnología por sí sola no basta, pero sin equipo adecuado el trabajo queda limitado. Lo importante es que el presupuesto llegue a campo y a expedientes.
También importa la transparencia: criterios de compra, capacitación, mantenimiento y evaluación de resultados. La confianza se construye cuando se explica qué se adquiere, para qué, y cómo se usará. En búsquedas, el tiempo pesa y el error duele. Tener protocolos claros puede evitar revictimización. Aquí la modernización debe ser con ética: datos protegidos, uso legal de herramientas y trato digno a familias. Romper inercias también implica dejar de improvisar y medir qué funciona. El objetivo final es que cada búsqueda tenga más posibilidades y menos riesgos.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCIÓN
