La discusión sobre colocar cámaras obligatorias en taxis y transporte público en Guanajuato volvió a tomar fuerza, pero el freno principal sigue siendo el costo. Se reconoció públicamente que la inversión necesaria complica avanzar al ritmo que exige la situación de seguridad. La propuesta busca reducir delitos, mejorar evidencia y elevar capacidad de respuesta ante incidentes. Sin embargo, la implementación masiva implica compra, instalación, mantenimiento y centros de monitoreo. También implica definir quién paga y cómo se audita.
En el debate se señaló que el alto costo de implementación es el obstáculo más visible para hacer obligatoria la videovigilancia. Esto no solo afecta a concesionarios, también a autoridades que tendrían que garantizar recepción y resguardo de imágenes. Un plan serio requiere fases, prioridades por rutas de mayor riesgo y un esquema financiero transparente. También exige coordinación con municipios, estado y operadores. La seguridad no puede depender de ocurrencias, necesita planeación y reglas. Si se impone sin soporte, termina por incumplirse.
Aun con el costo, la agenda es relevante: una cámara bien usada puede reducir impunidad, pero solo si hay protocolos de acceso, resguardo y entrega de evidencia.
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Fuente: AGENCIAS y redacción
