Este sábado 3 de enero de 2026, el Gobierno de México condenó y rechazó las acciones militares de Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela. La Cancillería sostuvo que se trata de una violación clara del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. En su postura, México remarcó que la salida legítima a las diferencias internacionales debe ser pacífica. El mensaje se dio en un contexto de alta tensión regional y de información aún en desarrollo. La declaración busca fijar un marco de legalidad y soberanía como punto de partida.
La reacción mexicana ocurrió horas después de reportes de explosiones y actividad aérea en Caracas y otros puntos del país. De acuerdo con los reportes disponibles, los estruendos comenzaron alrededor de las 2:00 de la madrugada, hora de Venezuela, y se prolongaron por un periodo aproximado de 90 minutos. Hubo imágenes de humo y destellos en el cielo, además de zonas con fallas de electricidad en la capital. También se reportaron operaciones en otros estados, lo que elevó el temor por daños a infraestructura y riesgo para civiles. La incertidumbre creció por versiones cruzadas sobre el alcance real de la operación.
En su posicionamiento, México insistió en que el diálogo y la negociación son el único camino efectivo para resolver la crisis. La Cancillería expresó disposición para apoyar esfuerzos de diálogo, mediación o acompañamiento que ayuden a evitar una escalada. El énfasis fue evitar confrontación y preservar la paz regional, una línea constante de la política exterior mexicana. La declaración también funciona como señal preventiva frente a posibles efectos colaterales, como desplazamientos, presión migratoria y choques diplomáticos. En estos escenarios, la claridad jurídica importa porque pone límites a la acción militar y prioriza la protección de población civil.
La postura mexicana llega en un momento donde la región observa con atención el precedente que se está abriendo. Aun cuando existen posturas opuestas sobre el gobierno venezolano, México plantea que el método importa tanto como el objetivo. Si la fuerza reemplaza a la diplomacia, el costo lo pagan primero los ciudadanos, con miedo, daños y riesgo de más violencia. Por eso, además de condenar, el reto será empujar canales concretos de conversación y verificación de hechos, con transparencia y respeto a derechos humanos. La crisis seguirá cambiando por horas, pero el principio que México pone sobre la mesa es directo: legalidad internacional y solución pacífica.
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Fuente: Agencias
