En Irapuato persiste la preocupación por centros de rehabilitación conocidos como anexos que operarían sin protocolos sólidos de seguridad, pese a acuerdos previos. Se advierte que estos espacios suelen concentrar población vulnerable y por eso el riesgo de violencia o extorsión aumenta cuando no hay reglas claras.
El señalamiento es que se requiere mínimo control de accesos, registro de personal, comunicación con autoridades y respuesta ante incidentes, además de supervisión sanitaria. Sin eso, los anexos pueden quedar fuera de la vigilancia institucional y convertirse en puntos ciegos.
La ruta planteada es coordinación entre salud, seguridad, municipio y Fiscalía, con inspecciones y acompañamiento. El objetivo sería que estos centros no operen en vacío, sino con supervisión y atención real para evitar tragedias o abuso.
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Fuente: Medios locales
