El proyecto del acueducto Solís–León en Guanajuato, presentado como la obra hídrica más grande del país, desató una oleada de críticas por posibles impactos ambientales y por la decisión de reservar información clave durante cinco años. Agricultores, ambientalistas y organizaciones de derechos humanos afirman que no hubo consulta adecuada y temen que el beneficio termine concentrado en sectores industriales, especialmente en León.
Las autoridades estatales sostienen que solo se conducirá el volumen recuperado mediante tecnificación del riego y que no se afectarán derechos históricos de agricultores. Sin embargo, la propia calendarización de las obras genera dudas, porque el acueducto se completaría antes que el programa de tecnificación, dejando un margen de incertidumbre sobre quién asumiría el riesgo si falta agua.
Colectivos ciudadanos piden usar sensores, monitoreo satelital y plataformas públicas de datos para seguir en tiempo real los volúmenes de extracción y el estado de cuencas y presas. Señalan que romper inercias tecnológicas en la gestión del agua ayudaría a transparentar decisiones y a evitar que una obra pensada para garantizar suministro termine vulnerando derechos ambientales y sociales.
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Fuente: El País y comunicados estatales
