Nuevos reportes señalan que el costo de la canasta de bienestar supera el ritmo de la inflación general, con incrementos fuertes en productos esenciales como tortilla, huevo, frijol, pollo y algunos vegetales. Para muchas familias, el salario rinde cada vez menos, pese a los ajustes al salario mínimo y a los programas sociales.
En los estados más pobres, el impacto es doble: ingresos laborales inestables y alimentos que suben de precio más rápido que los apoyos. Organizaciones de consumidores piden vigilancia estricta a prácticas especulativas, datos abiertos sobre márgenes en cadenas de distribución y políticas que prioricen la producción local de alimentos.
Si la política económica quiere ser justa, no basta con celebrar indicadores macro. Se necesitan mercados que no castiguen a quien compra por pieza, comedores comunitarios que funcionen bien y una apuesta seria por la agricultura campesina. El derecho a comer dignamente no puede depender de cuántos trucos haga una familia para estirar el gasto.
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Fuente: Centros de análisis económico y medios nacionales
