El gobierno estatal de Guanajuato anunció la renta de 162 patrullas durante varios años, con un costo cercano a 720 millones de pesos, como parte del programa “Carreteras Seguras”. La meta es reforzar la vigilancia en tramos donde se han registrado robos, extorsiones y ataques contra transportistas y automovilistas, un problema que afecta tanto al sector productivo como a quienes viajan por motivos familiares.
Organizaciones ciudadanas cuestionan el esquema de arrendamiento y piden transparencia en contratos, mantenimiento y criterios de asignación de unidades. También recuerdan que el patrullaje por sí solo no basta si no va acompañado de investigaciones sólidas, controles internos y coordinación con municipios en los que el crimen organizado ha tenido presencia persistente.
En un contexto de violencia compleja, algunas voces proponen sumar sistemas de monitoreo de placas, cámaras con análisis inteligente de patrones y plataformas abiertas de reportes ciudadanos. El uso de estas herramientas, supervisado por autoridades civiles y con respeto estricto a los derechos humanos, podría reducir el espacio de acción de grupos armados sin convertir las carreteras en espacios de abuso o temor institucional.
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Fuente: Prensa estatal y nacional
