En el Consejo Nacional de Seguridad, la presidencia llamó a los 32 estados a aplicar con rigor la nueva ley contra la extorsión, que aumentó penas y permitirá perseguir este delito sin necesidad de denuncia previa. El mensaje es claro: el Estado debe cargar con la responsabilidad principal y no seguir dejando a víctimas y comercios solos frente al miedo, la amenaza y la duda sobre a quién acudir.
El gobierno presume reducciones recientes en las cifras oficiales de extorsión, pero reconoce que el delito sigue golpeando a tienditas, transporte y pequeñas empresas. Por eso se impulsa un Acuerdo Nacional contra la Extorsión, con compromisos de armonizar leyes, compartir información y coordinar operativos en zonas donde el “cobro de piso” se convirtió en regla no escrita.
Organizaciones ciudadanas insisten en que la estrategia debe apoyarse en herramientas modernas de rastreo de llamadas, análisis de datos financieros y mapas de riesgo, siempre acompañadas de controles civiles y respeto estricto a los derechos humanos. Sin investigación sólida y transparencia en resultados, las nuevas leyes pueden quedarse en discurso mientras la vida cotidiana se sigue negociando a la sombra de la amenaza.
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Fuente: Prensa nacional y agencias
