Un trabajo de análisis político publicado este año revisa cómo la política de “soberanía energética” de la administración anterior, centrada en fortalecer a la CFE y a Pemex, chocó en varios momentos con las metas climáticas y con el impulso a energías renovables. El estudio documenta tensiones con empresas privadas, organizaciones civiles y socios comerciales, así como el papel del T-MEC en las disputas.
Aunque el texto se refiere sobre todo al sexenio pasado, sus conclusiones pesan en el debate actual: no basta con hablar de soberanía si eso se traduce en más emisiones o proyectos que dañan comunidades. Al mismo tiempo, dejar toda la transición en manos de corporaciones puede generar dependencia y nuevas formas de captura regulatoria. El equilibrio exige un Estado capaz, transparente y abierto al escrutinio público.
Para la etapa que vive hoy México, la lección es clara: las decisiones sobre refinerías, gasoductos, líneas de transmisión y parques solares deben tomar en cuenta los derechos de las personas, el clima y la necesidad de mantener control nacional sobre infraestructura clave. Ni un modelo puramente estatal sin controles, ni uno entregado al mercado, resolverán por sí solos la crisis. Lo que se necesita es un rumbo energético que piense en las próximas décadas y en quienes habitan el territorio.
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Fuente: Foro Internacional (El Colegio de México) y análisis académicos sobre política energética
