El Gabinete de Seguridad federal reportó que, durante el fin de semana, logró decomisos de drogas, armas y químicos que habrían afectado las finanzas del crimen organizado por más de 890 millones de pesos. Entre las acciones destacan la destrucción de laboratorios y bodegas utilizadas para producir o almacenar sustancias sintéticas, así como aseguramientos en varias entidades del país.
Las autoridades federales presentan estos resultados como ejemplo de la estrategia para cortar las fuentes de ingreso de los grupos delictivos, más allá de detenciones aisladas. Sin embargo, especialistas y colectivos recuerdan que estos golpes suelen ser temporales si no se acompañan de investigaciones patrimoniales profundas, rastreo de lavado de dinero y castigo a funcionarios que protegen a las redes criminales desde dentro del Estado.
Desde una postura de seguridad con enfoque de derechos humanos, se insiste en que los operativos deben respetar el debido proceso y evitar daños a comunidades donde se realizan. El combate al narco no puede justificar cateos sin orden, detenciones arbitrarias o violencia contra personas ajenas a los hechos. Cuidar a la población mientras se enfrenta a las mafias es una obligación, no un lujo.
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Fuente: La Jornada y reportes oficiales de Seguridad Pública
