El Senado aprobó el nombramiento de Ernestina Godoy, exconsejera jurídica del gobierno federal y figura cercana a la presidencia, como nueva fiscal general de la República. Con esta decisión se cierra un proceso marcado por debate político, ya que la oposición cuestionó la independencia de la futura titular frente al Ejecutivo, mientras que el oficialismo defendió su trayectoria en procuración de justicia.
Godoy llega a la Fiscalía en un contexto de altísima impunidad, con miles de casos de violencia, corrupción y violaciones graves a derechos humanos pendientes de resolución. Organizaciones de la sociedad civil subrayan que su tarea principal será demostrar que la institución puede investigar de verdad tanto a la delincuencia organizada como a funcionarios de alto nivel, sin importar filiaciones políticas.
Desde la mirada de víctimas y colectivos, la designación abre una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. O la nueva fiscalía se sacude la imagen de oficina lejana que solo acumula expedientes, o se confirmará la idea de que la justicia se negocia en pocos despachos. Lo que está en juego no es solo un nombramiento, sino la credibilidad de todo el sistema penal.
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Fuente: Reuters, agencias internacionales y prensa nacional
