Decenas de campesinos llegaron con tractores y camiones a San Lázaro para bloquear uno de los accesos al Congreso, en protesta por el dictamen de la nueva Ley General de Aguas. Las organizaciones denuncian que la iniciativa, respaldada por el gobierno federal, endurece controles y sanciones sin garantizar que el agua para riego y consumo rural quede protegida frente a grandes usuarios urbanos e industriales.
Las y los productores señalan que la propuesta redefine concesiones y permisos con un enfoque que, según ellos, podría dejar a ejidos y pequeños agricultores en desventaja frente a empresas con más capacidad jurídica y financiera. Reclaman que, mientras se habla de combate a la corrupción en el manejo del agua, no se tocan de raíz acaparamientos históricos ni se presenta un plan sólido de inversión para infraestructura comunitaria.
Desde una mirada de derechos humanos y soberanía alimentaria, el mensaje de las organizaciones es claro: sin agua no hay maíz, frijol ni hortalizas, y sin campo vivo no hay país. Piden que el Congreso escuche sus propuestas, que se reconozca el agua como bien público y que cualquier cambio legal priorice a las comunidades rurales antes que a quienes han hecho negocio con un recurso que debería ser de todos.
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Fuente: AP, La Jornada, medios nacionales
