En sesión de comisiones, el Congreso de Guanajuato dio dictamen negativo a tres iniciativas de Morena relacionadas con la autonomía reproductiva y el acceso al aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Los proyectos buscaban modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otros ordenamientos, para garantizar que los servicios de interrupción del embarazo fueran parte de la atención en salud pública en la entidad.
Con esta decisión, Guanajuato se mantiene dentro del grupo de estados que no han reformado su legislación local a pesar de los criterios de la Suprema Corte, lo que mantiene a muchas mujeres obligadas a viajar a otras entidades o recurrir a procedimientos clandestinos. Organizaciones feministas señalan que el archivo de las iniciativas desconoce la evidencia médica y los estándares internacionales de derechos humanos, además de profundizar desigualdades territoriales dentro de México.
La discusión no solo es jurídica, también cultural y política. Mientras colectivos conservadores anuncian movilizaciones para frenar cualquier cambio, otras voces insisten en que el Congreso debe escuchar a sobrevivientes de violencia sexual, a profesionales de la salud y a expertos en salud pública. La decisión de hoy refuerza la percepción de que en Guanajuato los cuerpos de las mujeres siguen siendo usados como terreno de disputa política, en lugar de reconocerlas como sujetas de derechos.
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Fuente: La Jornada / El Sol de León / Causa y Efecto
