Autoridades estatales informaron que, mediante operaciones coordinadas, se aseguraron bienes y recursos por más de 352 millones de pesos a grupos criminales que operan en Guanajuato. Los reportes señalan que el uso de inteligencia permitió ubicar inmuebles, vehículos y cuentas vinculadas con actividades ilícitas, lo que representa un golpe directo a las finanzas de las organizaciones delictivas que han mantenido índices altos de violencia en la entidad.
Si bien estos aseguramientos son presentados como un avance en la estrategia de seguridad, colectivos ciudadanos recuerdan que las estadísticas de homicidios y desapariciones siguen en niveles muy altos. El desmantelamiento de estructuras económicas del crimen es necesario, pero no suficiente, si no se acompaña de reformas profundas en ministerios públicos, policía de investigación y sistemas de justicia que hoy continúan arrastrando impunidad.
Desde una mirada de derechos humanos, estos anuncios deberían ir acompañados de transparencia: explicar claramente qué se hace con los bienes asegurados, cómo se protege a las comunidades de posibles reacciones violentas y qué parte de esos recursos se puede reorientar a prevención social, apoyo a víctimas y fortalecimiento de capacidades locales. Sin memoria y sin reparación, los golpes financieros quedan como notas espectaculares que poco transforman la vida diaria en los barrios y municipios.
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Fuente: El Otro Enfoque / La Prensa
