Se confirmó que el Congreso de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para que el acoso sexual cometido por servidoras y servidores públicos sea considerado falta grave, sancionable con separación del cargo o inhabilitación. La propuesta fue presentada por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo y se tradujo en la adición de un nuevo artículo que define el acoso sexual e incluye conductas que generen desventaja, indefensión o riesgo para la víctima, aun cuando no exista relación de subordinación.
La reforma también equipara al acoso sexual aquellos actos que impliquen violencia sexual y sanciona a quienes toleren, faciliten o encubran estas conductas dentro de la administración pública. Además, considera falta grave la grabación, reproducción o difusión de imágenes, textos o audios de una persona sin su consentimiento con fines lascivos. En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha recibido varias denuncias por acoso sexual en dependencias estatales y municipios, incluyendo áreas de salud, educación, seguridad y organismos operadores de agua.
Desde una óptica de derechos humanos y lucha contra la corrupción, organizaciones y colectivas señalan que el cambio legal es un paso importante, pero insisten en que el reto estará en la aplicación: investigar con seriedad, proteger a denunciantes y evitar que los casos se resuelvan con cambios de oficina o simulación. Castigar el acoso sexual en el servicio público no solo protege a las trabajadoras, también envía un mensaje de que el poder ya no puede usarse para violentar a nadie sin consecuencias. En un estado con antecedentes de quejas por violencia de género en distintas áreas de gobierno, la vigilancia ciudadana será clave para que estas sanciones se hagan realidad.
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Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
