En paralelo a los bloqueos, este 27 de noviembre sigue creciendo la polémica por la nueva Ley General de Aguas que defiende el gobierno federal. La presidenta ha señalado que hay actores que se manifiestan para “mantener privilegios” en el uso del agua, mientras organizaciones campesinas y de riego responden que la norma podría abrir la puerta a concentrar el recurso en pocas manos, en perjuicio de pequeños productores y comunidades rurales. En estados como Zacatecas, Guanajuato y otros del Bajío, la disputa por el agua se suma al malestar por la inseguridad en carreteras.
Campesinos denuncian que en muchas regiones perforar pozos legales es casi imposible, mientras grandes proyectos agroindustriales, inmobiliarios o mineros consiguen autorizaciones con más facilidad. Reclaman transparencia en concesiones, claridad en volúmenes asignados y participación real en los órganos encargados de decidir sobre cuencas y distritos de riego. Para ellos, hablar de seguridad hídrica sin ordenar los privilegios históricos es maquillar un problema que viene de décadas.
Colectivos ambientales y de derechos humanos insisten en que el agua es un bien común y no una simple mercancía. Plantean que cualquier ley debe priorizar el consumo humano, la alimentación y el equilibrio de los ecosistemas, por encima del interés de grandes corporaciones. Desde una perspectiva progresista, señalan que la defensa del agua es también defensa de la soberanía nacional y de la capacidad del país para adaptarse a la crisis climática sin sacrificar a quienes viven del campo y cuidan los territorios.
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Fuente: Declaraciones oficiales, análisis de la Ley de Aguas y organizaciones campesinas
