Este 26 de noviembre continúa la crisis política y social generada por el paro nacional de campesinos y transportistas, con bloqueos en carreteras de buena parte del país. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta el endurecimiento de las protestas después de que se rompieran las negociaciones con la Secretaría de Gobernación. Las organizaciones reclaman seguridad en carreteras y precios justos para sus productos, en especial el maíz, mientras el subsidio ofrecido fue visto como claramente insuficiente frente a la demanda de elevar el precio por tonelada.
Líderes del movimiento han acusado falta de voluntad real por parte del gobierno y anunciaron que se levantarán de la mesa de diálogo hasta que cambie el enfoque oficial. Las protestas afectan el tránsito de mercancías, el turismo y actividades productivas en numerosos estados, y recuerdan tensiones recientes con el magisterio disidente. Analistas señalan que el partido gobernante envía mensajes contradictorios, a veces criminalizando la protesta y otras veces llamando al diálogo, lo que erosiona su credibilidad frente a las bases rurales que en su momento apoyaron el proyecto.
Desde una óptica de soberanía alimentaria y justicia social, organizaciones campesinas sostienen que sin precios que cubran costos ni seguridad en carreteras se pone en riesgo la producción de alimentos básicos y se favorece la dependencia de importaciones. Plantean que un gobierno que se reivindica progresista debe priorizar al campo y combatir la corrupción en estructuras que administran subsidios y permisos. La manera en que se resuelva esta crisis será vista como una prueba de la capacidad del Estado para escuchar y responder a quienes sostienen la alimentación del país.
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Fuente: El País, declaraciones oficiales y organizaciones campesinas
