En Irapuato, un reportero fue atacado a balazos días recientes, hecho que derivó en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Guanajuato y en la activación de protocolos de protección. De acuerdo con notas locales, la Guardia Nacional detuvo a un presunto agresor y la gobernadora del estado declaró que el caso debe ser sancionado, mientras que la alcaldesa informó que hay coordinación con instancias estatales para acompañar al periodista y a su familia. El atentado se suma a amenazas previas y a un clima de riesgo para comunicadores que cubren temas de seguridad y política local.
El consejo y organizaciones de periodistas del estado intervinieron para pedir garantías a la libertad de expresión y exigir que la agresión no quede en la impunidad. Medios y reporteros recuerdan que ataques de este tipo tienen un efecto de silenciamiento, pues no solo dañan a la persona agredida, sino que envían un mensaje intimidatorio al resto de comunicadores. En Irapuato y otros municipios del corredor industrial, varios periodistas han denunciado presiones, vetos publicitarios y amenazas vinculadas a la cobertura de temas sensibles.
Desde una óptica de derechos humanos, la defensa de la soberanía informativa local pasa por proteger a quienes investigan y cuentan lo que sucede en territorio. Colectivos de periodistas insisten en que sin prensa libre no hay democracia ni control social sobre la corrupción y los abusos de poder. Por ello, demandan medidas estructurales: protocolos claros, acceso a mecanismos federales de protección, investigación seria sobre posibles autores intelectuales y políticas municipales que no utilicen la publicidad oficial como herramienta de presión.
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Fuente: El Sol de Irapuato, ZonaFranca y autoridades estatales
